El debate sobre la inclusión laboral es una de las prioridades para el poder legislativo. De hecho, actualmente se discute una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que busca establecer una cuota obligatoria de contratación en las empresas para fomentar el trabajo para personas con discapacidad.
Para las áreas de Recursos Humanos, ampliar la cuota de contratación para ofrecer trabajo a personas con discapacidad podría representar un cambio significativo en sus estrategias de reclutamiento, adaptación de espacios y cultura organizacional.
En esta nota te contamos qué implica la iniciativa, el contexto actual y las obligaciones que podrían surgir para los empleadores.
La propuesta legislativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer una obligación patronal clara en materia de inclusión.
El núcleo de la iniciativa es exigir que las empresas que cuenten con más de 20 trabajadores destinen al menos el 5% de sus plazas (incluyendo vacantes y puestos de nueva creación) a la contratación de personas con discapacidad.
Según la exposición de motivos de la propuesta, el objetivo es generar condiciones necesarias para que este sector de la población pueda acceder a un empleo. Se subraya que el trabajo es un derecho humano fundamental que permite a las personas asegurar sus necesidades básicas y alcanzar la realización personal, y no debe ser visto como un acto de caridad.
La iniciativa responde a un contexto en el que persisten barreras para la inclusión laboral. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay cerca de 21 millones de personas que viven con alguna limitación o discapacidad.
A pesar de representar un porcentaje significativo de la población, su inserción en el mercado laboral es limitada. Diagnósticos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidades (Conadis) indican que solo el 19% de los trabajadores con discapacidad cuentan con un empleo formal, y sus ingresos promedio tienden a ser menores en comparación con la fuerza laboral sin discapacidad.
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La propuesta legislativa no se limita únicamente a la cuota del 5%. Contempla un capítulo especial dentro de la LFT que establecería una serie de obligaciones adicionales para los empleadores, con el fin de garantizar una inclusión integral.
Entre las medidas destacan:
La iniciativa también señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sería la encargada de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.
Mientras la iniciativa avanza en el proceso legislativo, las áreas de Recursos Humanos deben mantenerse informadas sobre los posibles cambios. La eventual aprobación de esta reforma requerirá una revisión profunda de las políticas de contratación, los planes de capacitación y la cultura interna para asegurar no solo el cumplimiento, sino una verdadera inclusión.
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