Un dictamen de reforma aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo del Senado, busca incorporar el concepto de violencia laboral a la Ley Federal del Trabajo (LFT), estableciendo así un precedente para la legislación laboral y la gestión de recursos humanos en los espacios de trabajo.
Esta iniciativa no solo amplía las definiciones existentes, sino que redefine las responsabilidades de los empleadores, transitando de un modelo reactivo a uno de reparación integral. Para los especialistas en Recursos Humanos, comprender este cambio es fundamental para la adaptación de posibles nuevas políticas, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la cultura organizacional. Te contamos todo lo que necesitas saber aquí.
De acuerdo con el dictamen presentado por el Senado de la República, la violencia laboral “es el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables ejercidas por las personas que tienen un vínculo laboral, independientemente de la relación jerárquica, que consiste en un acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, y la cual impide y/o atenta contra su desarrollo personal y/o profesional”.
Con esta definición, se establecería un marco legal para regular prácticas nocivas en el espacio de trabajo, tal y cómo también sucede actualmente con la publicación de la NOM-035.
Además, la propuesta introduce un marco estructurado para identificar y clasificar conductas que afectan la integridad de los colaboradores. Su objetivo es delimitar con precisión las acciones sujetas a sanción y establecer una base clara para el diseño de protocolos de prevención e intervención.
Así mismo, el dictamen expande el espectro de la violencia laboral más allá del acoso y hostigamiento sexual, que ya contaban con un reconocimiento en la LFT. La reforma busca incluir de manera explícita tres fenómenos de alto impacto en los entornos de trabajo modernos:
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Por otra parte, el dictamen también comparte una clasificación de la violencia laboral en cinco categorías. Este marco permitirá a las áreas de RR.HH. tipificar incidentes con mayor precisión y desarrollar acciones formativas y correctivas específicas:
El cambio más sustancial de la reforma reside en la evolución de las obligaciones del empleador. La nueva legislación impondrá un deber proactivo que trasciende la simple sanción del individuo responsable.
El senado señaló la introducción del concepto de "reparación integral del daño" como un derecho fundamental de la víctima. Esto implica que las empresas estarán legalmente obligadas a implementar un conjunto de medidas para resarcir a la persona afectada, las cuales pueden abarcar:
Esta reforma responde al compromiso adquirido por México al ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho tratado es el primer estándar internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La armonización de la LFT con este convenio no solo eleva el estándar de protección a nivel nacional, sino que también alinea a las empresas en México con las mejores prácticas corporativas a nivel global.
Si bien el dictamen debe continuar su proceso legislativo, el consenso alcanzado en comisiones anticipa una muy probable adopción. Por tanto, será importante que Recursos Humanos comience a analizar sus políticas actuales y a trazar una hoja de ruta para su adecuación.
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